c) Suspensión total o parcial de actividades. 22 y 23 Ley 27.401”[3] y la “Guía complementaria para la implementación de programas de integridad en PyMEs”[4]. Al efecto, introdujo el artículo 31 bis, de acuerdo con el cual en los supuestos de hecho previstos en la ley penal, “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos … Paula Honisch y Sabrina Victorero en Pautas para la persecución penal de las personas jurídicas, op. En puridad, su llegada no es del todo una novedad; pues existen ya en el Código actual algunos elementos de esa responsabilidad: por ej, el art. [21] Como ser: a) el pago de una multa equivalente al beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener; b) la restitución de las cosas o ganancias que sean el producto o el provecho del delito; c) el abandono en favor del Estado de los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera condena. 2. Con muchas discusiones en el seno de la comisión elaboradora del Anteproyecto de Código Penal 2014, se proyectaron cuatro artículos sobre sanciones a las personas jurídicas, los … Con la dictación de la ley 20.393, en el año 2009, se estableció la responsabilidad penal para las personas jurídicas. La “responsabilidad penal” de las personas jurídicas de nuevo a la palestra. trailer Esta tradición jurídica está en peligro con la aprobación de la Ley Nro. These cookies do not store any personal information. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. Ya desde hace varios años, el alto tribunal ha señalado que si bien la ley colombiana no establece el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas, tal posibilidad queda librada a la libertad de configuración normativa del legislador, por lo que la discusión es actual, propiciada por la Corte, y necesaria en la coyuntura de la criminalidad de empresa de hoy. Sobre este aspecto de reconocer la responsabilidad penal a las personas jurídicas, la opinión más extendida por algunos autores es que éstas carecen de conciencia y voluntad en sentido psicológico, y similar por tanto a la de la persona física, y por eso les falta la capacidad de autodeterminación, careciendo por ello de capacidad de acción, incluso de omisión, y otros autores opinan que la responsabilidad personal de las personas jurídicas carece del principio de personalidad de las penas; pero el problema es que las sanciones pueden afectar no solo a los socios, sino también a los trabajadores, lo que es muy grave en sanciones como disolución o prohibición de contratación. Sin embargo, aun cuando responde penalmente el 0000003576 00000 n ©2019 Diario Jurídico - Todos los derechos reservados -. Columna “Derecho & Empresa” DETRACCIONES Y PROVISION DE ALIMENTOS POR RESTAURANTES Daniel Montes Delgado (*) Desde hace un ... ¿PARA QUE SIRVE UNA CARTA NOTARIAL? [18] Ver Honisch, Paula, La prevención de ilícitos en las interacciones con el sector público, op. 1030/16 (que establece el valor de los módulos que son ponderados como unidad de medida para atribuir competencia a los funcionarios), será exigido en procedimientos licitatorios cuyo monto estimado sea mayor a $50 millones; b) en procedimientos donde se aplique la ley 13,064 de obra pública, donde la competencia para celebrar este tipo de contratos es del Poder Ejecutivo Nación, quien puede delegarla en funcionarios de distintos cargos y jurisdicciones, habrá que ir viendo cómo se implementa esta exigencia normativa (pues habrá que ver si sólo se exige para casos en los sólo firma un ministro o por el contrario en todos los casos, pues es la máxima autoridad del PEN quien delega el ejercicio de esas prerrogativas en sus funcionarios); c) en procedimiento donde se aplique la ley 17.520 de obra pública bajo el sistema de peaje, se aplicará en todos los casos ya que la aprobación es competencia indelegable del Presidente (la cuestión a definir es sí también quedarán abarcadas todas las demás concesiones y licencias para la explotación de un servicio público, lo que a mi entender sería razonable que ocurriera); d) en procedimientos bajo la ley 27.328 que contempla los contratos de Participación Público Privado, donde no se hacen distinciones entre los distintas órganos y entes del PEN que podrán suscribirlos, también habrá que ir monitoreando cómo será la exigencia (aunque cabe señalar en todos los contratos PPP hasta el momento publicados sí se estaría exigiendo como condición para contratar contar con un PDI, como los de vialidad, los de Obra Pública y Concesiones de Obra Pública). El Código Penal incorporó con la reforma de la LO 5/2010, de 22 de junio, a las personas jurídicas como sujetos del Derecho Penal (art. En esas pautas se plasma con claridad que no se espera el mismo esfuerzo de una gran empresa que de una pequeña y mediana empresa para prevenir este tipo de hechos. Daniel Montes Delgado (*)   Muchas veces se recurre a las cartas notariales, como si se pru... Columna “Derecho & Empresa” ¿DETRACCIONES POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN HOSPEDAJES? D. En el artículo 93° NCPP se detalla los derechos y garantías procesales que se reconocen a la persona jurídica dentro del proceso penal. 11 Mar ¿Qué sanciones pueden sufrir las empresas por la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Solicita 100% en línea tu Tarjeta de Crédito con pre-aprobación inmediata o encuentra el seguro para tu auto con las mejores aseguradoras de Panamá. c) Suspensión total o parcial de actividades. La norma contempla un abanico amplio de sanciones, enunciando algunas que son realmente gravosas para la persona jurídica. consecuencias jurídicas son las penas, ... de control formalizado que debe ser aplicado a la persona en forma proporcional y legal. 33.7 CP y un catálogo de consecuencias accesorias previstas en el art. Cf. dichos representantes. Ahora bien, como se adelantó, la ley 27.401 no regula todos los casos en los que las personas jurídicas pueden ser responsabilizadas, lo que ha generado que convivan en Argentina distintos regímenes de atribución de la responsabilidad para las personas jurídicas según cuál sea el delito que se cometa[13]. Por otro lado, la norma también prevé la posibilidad de que la persona jurídica pueda limitar su responsabilidad a través de la celebración de acuerdos de colaboración eficaz. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios. 31 que extiende a las personas jurídicas las multas impuestas a sus administradores y el art. Esos requisitos podrán referirse a la titulación requerida, a la experiencia a acreditar y a la realización o superación de pruebas o cursos específicos. A las personas jurídicas, con personalidad jurídica propia, se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones: I. Sanción pecuniaria o multa; II. [23] Ver Lineamientos de integridad para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas”. Existen diferentes tipos de sanciones jurídicas, entre ellos: Sanciones penales: son impuestas por delitos o infracciones penales, y pueden incluir prisión, multas o trabajos comunitarios. 0000031570 00000 n Por Antonio del Moral García, magistrado del Tribunal Supremo La introducción de un sistema de responsabilidad penal de la personas jurídicas en 2010 –sensiblemente remodelado en 2015- representa una revolución en nuestro ordenamiento penal. Solo de este modo se consigue que la infracción cometida por la persona jurídica pueda ser investigada mediante los medios mucho más eficaces que se prevén en el … Que se haya cometido el delito, b) Que la persona jurídica haya servido para la El artículo 31 bis del Código Penal (redactado tras la reforma del 1 de julio de 2015), establece los delitos de los que responden penalmente las personas jurídicas, y a tal efecto dice: “1. Las personas jurídicas también pueden ser sancionadas en el proceso penal. Rebaja de categoría y actos de hostilidad al traba... Exigencia de asignación familiar después del cese ... Fiscalización del IGV y Operaciones No Reales. Sin embargo, plantea también problemas importantes y que han de abordarse con todo cuidado. La Ley, en su versión original de 2016, tenía por objeto regular la llamada responsabilidad “administrativa” de las Personas Jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional (art. la empresa. Desarrollado por. Ello, además de la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica y, claro está, del decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito. 22 y 23 de la ley 27.401. El autor considera que las personas jurídicas siguen sin poder cometer delitos y que la pena … Contenido intermedio, donde además de prever la responsabilidad penal de la personalidad jurídica se adjuntarán los directivos, incluyendo ese artículo 31 bis más todos … Al respecto, el legislador español, en el art. 55 23 55 0 obj <> endobj La Ley especial establece que, se consideran delitos de delincuencia organizada, a todos los tipos penales tipificados en esta ley, los contemplados en el Código … Sanciones penales para las personas jurídicas Percy García Cavero Sumario: 1. Como indicamos, la ley 27.401, que es la primera y única que se refiere expresamente a los PDI, estableciendo que éstos podrán llevar a la eximición y/o reducción de responsabilidad, sólo hace referencia a una serie de delitos de corrupción. Las sanciones a las personas jurídicas serán las siguientes: a) Multa. e) Publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a su costa. Encuentran su fundamento en la denominada peligrosidad objetiva de la cosa, esto es, la peligrosidad en el sentido de probabilidad de comisión de hechos delictivos, la cual puede provenir no solo de las personas, sino también de cosas, situaciones objetivas o actividades determinadas con independencia de la persona determinada que las lleve a cabo. 2. Para ello, además, es fundamental que todo ese proceso de toma de decisiones quede debidamente documentado. [12] Conforme surge de los arts. Más necesaria se hace esa consagración normativa frente a aquellas conductas criminales en las que se utilizan entes corporativos para evadir las responsabilidades individuales o en aquellos casos en que se sancionan a los administradores, pero se dejan indemnes los entes fictos. [24] Como en los casos previstos el Régimen Penal Cambiario (ley 19.359), el Código Aduanero (ley 22.415), el Régimen Penal Tributario (ley 24.769), los delitos de lavado de activos de origen delictivo incorporados a través de los arts. 0000003465 00000 n 1390 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Corrupción que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La propuesta de castigar de esa manera a las personas jurídicas es actualmente altamente discutible desde el derecho penal garantista porque trastoca fundamentalmente el basamento fundamental de la atribución de responsabilidad del derecho penal: la culpabilidad. CONSECUENCIAS ACCESORIAS, las que serán impuestas al final del proceso. La implementación de un Programa de Compliance además de blindar penalmente a la empresa también trae aparejada una serie de ventajas competitivas que impactaban tanto en la manera en que la empresa se relacionaba con terceros –ya que le permitía tener la posibilidad de ser contratista del Estado Nacional, de contratar con grandes empresas, de obtener financiamiento, de elegir mejor a sus proveedores, etc.- como puertas adentro –pues, es la herramienta para impulsar un cambio e instalar una cultura ética y transparente dentro de la organización, fortaleciendo la cultura de trabajo en equipo y reforzando los liderazgos constructivos; incrementa el compromiso de los trabajadores con los intereses de la empresa, generando una mayor atracción de recurso humano de calidad, una mayor competitividad y eficiencia[23]; facilita la asignación de roles claros y ayuda a tomar mejores decisiones; y lleva a fortalecer los controles internos y prevenir hechos de corrupción y otras conductas disvaliosas, permitiéndole conocer antes que nadie malas prácticas o hechos irregulares que involucren a la empresa-. La incorporación a nuestro Derecho Penal de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas está llamada a suponer una profunda modificación en el tratamiento de la delincuencia empresarial. Articulando la responsabilidad de persona física y jurídica en un mismo proceso se consigue, lo que es de enorme importancia, que pueda existir un enfrentamiento de las estrategias procesales de la persona física y de la persona jurídica y que lleve a esta última a cooperar en el proceso penal. Así, la circular de la fiscalía sostiene que las personas jurídicas son penalmente responsables porque lo son las personas físicas que actúan en su nombre y … Descripción. siguientes medidas, contempladas en el art. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables: a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, … MBA para profesionales por IE Business School. • Se prevé para las … Esta es una de las finalidades prácticas más importantes de la introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas. Por regla general, las normas jurídicas enlazan determinadas consecuencias al incumplimiento de los deberes que el derecho objetivo impone. Las sanciones jurídicas son medidas impuestas por el Estado a las personas que incurren en conductas consideradas ilícitas o infractoras de la ley. El juez puede aplicar todas o algunas de las [20] Respecto de algunas interrogantes y desafíos que ellos presenta, ver Honisch, Paula, La nueva ley de responsabilidad penal empresaria: impacto e indefiniciones, op. (*) Abogada por la Universidad Nacional de Piura. [13] Cf. En el aspecto de las penas, se sigue el criterio más generalizado conforme al cual la principal es de multa, que puede imponerse por cuotas (para evitar crisis) y de manera proporcional a la participación en el reato y penas accesorias, como la disolución, suspensión de actividades, clausura de establecimientos abiertos al público, inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas gubernamentales, inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales, entre otras. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Directora Ejecutiva de Honisch & Asociados. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. 1415. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Todos comprenden situaciones de interacción entre lo público y lo privado, es decir, entre las empresas y funcionarios públicos de cualquier jurisdicción y nivel. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. De acuerdo con la ley una persona jurídica tiene responsabilidad penal cuando comete los siguientes delitos: 1. Si continúas usando nuestro sitio, asumiremos que estás de acuerdo con ello. Las personas jurídicas para el derecho penal se entienden que “baste decir que ahora que para el Derecho penal tendrán la condición de tales todos aquellos que estén dotados de personalidad jurídica, cuestión que se contempla con las regulaciones de cada tipo de sociedad: asociaciones, Los campos obligatorios están marcados con. Por ello, en la actualidad existen en varios países, sanciones penales a personas jurídicas, donde se ha modificado la ley penal a fin de que dichas multas sean más onerosas. I. Introducción a la problemática: la limitación de recursos en …, Autora: Karin Henriksson, Founding Partner and Senior Advisor de WhistleB. Sanciones: Visión General. Pero además, al promover la definición de roles y la existencia de procedimientos internos, ello tendrá un impacto directo en los miembros de la organización, pues cada uno de los órganos de la empresa podrá explicar el ámbito de competencia que le cabía y alegando el principio de confianza, podrá eventualmente eximirse de su propia responsabilidad individual por un hecho que tuvo lugar en el ámbito empresarial. Para evitar que su efectividad pueda quedar burlada mediante operaciones societarias o dispositivos de fraude, se preve que la responsabilidad penal será transmisible en los casos de transformación, fusión y absorción y también en los de disolución encubierta; entendiendo por ésta la creación de entidades que continúen la actividad de la condenada y asuman o aprovechen de todos o la mayor parte de los clientes, proveedores y empleados. 0000031400 00000 n Calle 70 No 7-30, Piso 8, Bogotá; D.C. (Colombia). En este sentido, no cabe duda que la mejor manera de protegerse es evitando que los hechos tengan lugar y, si la prevención fallara, entonces, los PDI brindarán otras posibilidades en todos los casos: cómo mínimo la chance de conocer antes que cualquier otro que ocurre, de comprender la manera en que éstos tuvieron lugar y de tomar una decisión temprana respecto a cómo manejar la situación, por ejemplo, evaluando la conveniencia de avanzar por el camino de la espontaneidad de la denuncia[29]. Solo podrán solicitar la inscripción en el Registro público concursal las personas naturales o jurídicas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente. Pero el Anteproyecto ahora en trámite perfila un diseño distinto y que se traduce en una clara ruptura con el sistema tradicional, basado en una concepción individualista del dolo y la imputabilidad. sancionar a las personas naturales, la insuficiencia preventiva de aplicar sanciones no penales a las personas jurídicas y la necesidad de unificar criterios internacionales de control a la … Sin duda lo primero será dotarse de códigos internos de conducta –al estilo de los “compliance programs” del derecho americano y que muchas empresas españolas han incorporado en los últimos años— y establecer controles o auditorías para evaluar su nivel de cumplimiento. Es lógico entonces, que de delinquir, sean ellos los castigados, pues el reproche penal (base de la culpabilidad) se dirige a quienes tomaron esas decisiones y no a la persona jurídica que no tiene capacidad de elección y decisión. No obstante, existe un evento de autorresponsabilidad cuando no es posible identificar a la persona física. ¿Y qué podría ello significar? Esta ley incluye varias disposiciones nuevas y modifica diversas normas, como el Código de Comercio, la Ley 1774 de 2011 y la Ley 1778 de 2016. 8 de la ley 27.401. Lo importante ahora es que, las distintas empresas deben ser más cuidadosas al momento de reclutar personal, así como ser más estrictas en los distintos procedimientos de su actividad laboral por las consecuencias penales que conlleva un acto que puede ser calificado como delito. Estafa en Sucre: Un joven pierde su coche con cheque sin fondos, Policía aprehende a mujer acusada de violar a menor, Calvo anuncia “ruta alternativa” a la “tensa y tóxica relación” de Santa Cruz con el Estado, Fallecen dos bolivianos en accidente de un camión en el norte de Chile, Pildorean a dos jóvenes en un taxi para robarles, ¡Espectacular! La doctrina mayoritaria considera que estas reacciones jurídicas no son formalmente penas ni medidas de seguridad, ya que encuentran su fundamento y legitimación en un supuesto de hecho al que son ajenas, por completo, tanto la culpabilidad como la peligrosidad criminal de un sujeto determinado. Esto significa, básicamente, que cualquier persona, tenga o no vinculación formal con la empresa podría generarle responsabilidad, pudiendo quedar comprendidos dentro de esta categoría, subcontratistas, proveedores, socios de negocios y gestores, entre tantos otros. Un acuerdo de colaboración básicamente significa que la persona jurídica podría convenir con el presentante del Ministerio Público Fiscal cooperar con la investigación -por ejemplo, comprometiéndose a revelar información, pruebas o datos precisos, útiles y comprobables que puedan coadyuvar al esclarecimiento de los hechos, a la identificación de sus autores o partícipes y/o al recupero del producto o las ganancias del delito- y asumir el compromiso de cumplir ciertas condiciones, algunas de las cuales serán siempre obligatorias[21] y otras, en cambio, serán acordadas por las partes, tales como; la realización de acciones necesarias para reparar el daño causado; la prestación de un determinado servicio comunitario; la aplicación de medidas disciplinarias contra quienes hayan participado del hecho delictivo; la implementación de un PDI en los términos de los artículos 22 y 23 de la presente ley o efectuar mejoras o modificaciones en un programa preexistente. 129, y añadiendo otras varias de naturaleza similar (multas de cuota proporcional, prohibiciones de obtener subvenciones y de contratar con la administración pública, privación de beneficios e incentivos de la Seguridad Social etc). ���h��30�$3���10f�� �� #Z�' ser cometido “. Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos: A. El centro de esta norma gravita en procurar modificar la manera en que estas relaciones se dan, involucrando a partir de ahora al privado fuertemente en la prevención y delación de estos delitos, dándole incentivos para promover su auto-responsabilidad empresaria orientada a la prevención de la corrupción y para fomentar su colaboración en la detección, denuncia y persecución de estos delitos[15]; a la par que se condicionó su posibilidad de participar en grandes contrataciones con el Estado Nacional a que éstas cuenten con programas de integridad[16]. Si bien el delito es cometido por una persona natural, este debe Estas leyes incluyen normas que actúan como un mandato o una prohibición y … Las Sanciones Penales. Cuando el mandato o la prohibición estipulada en la ley se incumplen, esta prevé una consecuencia en respuesta a ese delito. Esta puede ser la imposición de una pena o una medida de seguridad y reinserción social. Desde un punto de vista jurídico, una sanción es una medida que impone el estado, ... Y se deja claro que la responsabilidad penal de las personas jurídicas podrá declararse con independencia de que exista un responsable penal persona natural. 5. Como lo hemos indicado, el camino correcto para imponer sanciones penales a las personas jurídicas va por reconocer una culpabilidad de las mismas. En tanto, las personas jurídicas en mérito del buen. Si bien la ley Argentina enuncia cuáles son los componentes de un PDI, indicando que algunos de ellos resultaban obligatorios y muchos otros optativo[12], lo cierto es que optó por un esquema en el cual las empresas, satisfaciendo esos elementos mínimos y obligatorios, tienen cierta libertad para determinar el alcance que éste tendrá de acuerdo a los riesgos propios de la actividad que desarrollen, a su dimensión y a su capacidad económica. previstas en esa misma norma. xref Sin embargo, la propia idoneidad o suficiencia de esos códigos de conducta requeriría alguna clase de homologación o reconocimiento con efectos jurídico-formales; pues, en realidad, sólo en aquéllas actividades claramente regladas por normas administrativas (por ej, blanqueo de capitales, mercados financieros o prevención de riesgos laborales) se cuenta con criterios objetivos para saber hasta dónde ha de llegar ese “debido control”. 0000007846 00000 n Entendemos que este nuevo marco ha de ser bienvenido. 0000005380 00000 n Naturalmente las sanciones penales a las personas jurídicas han de prescindir de la prisión, -pena de referencia en toda la historia del derecho penal-, previéndose la imposición, con el carácter de penas, de las actuales consecuencias accesorias del art. 2. 1. Ello ya que en la medida en que éstas hubieran impulsado su implementación podrán demostrar diligencia en el manejo de los intereses confiados o que hubieran ajustado su actuación a los procedimientos establecidos podrán alegar, considerando el principio de confianza y el de prohibición de regreso, su actuación conforme a derecho. 1, donde se establece que será aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. 1. [7] Ya que de forma gradual se han ido incorporando varias leyes especiales que expresamente tipifican delitos que pueden ser cometidos por personas jurídicas. Entre los elementos en discusión legislativa del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal, está la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que a diferencia … Una responsabilidad penal llamada “administrativa”. y no será cedido a un tercero en ningún caso. [5] Ello se debe, en gran medida, por la presión ejercida por los Estados Unidos -orientada a la implementación de regulaciones en los mercados con el objeto de impedir que las legislaciones más permisivas pudieran repercutir de manera negativa en sus intereses económicos-, lo que se fue plasmando en diversos instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), que expresamente aborda el tema de las empresas en el marco de la criminalidad organizada (ver art. De esa manera, se podrían aplicar sanciones que van desde la pérdida de su personería jurídica (con lo que dejaría de existir, como si se tratara de una suerte de pena de muerte), pasando por multas, pérdida total o temporal de beneficios estatales, decomiso, suspensión parcial de actividades; prohibición de realizar actividades, sanciones reparadoras, prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido o la implementación de mecanismos de prevención. d) Clausura total o parcial del establecimiento. Así  las cosas, los programas de integridad o de compliance es una herramienta win – win, que permite alinear intereses entre la compañía, sus integrantes y todos sus terceros. Entre este universo de cuestiones podemos mencionar, en primer lugar, los casos de fraude interno –en los que la víctima del delito es precisamente la empresa que ve mermado su patrimonio en sentido amplio – que pueden ser realizados de maneras muy diversas, pero también hay que mencionar supuestos de violencia y acoso en el ámbito laboral[27], situaciones de explotación laboral[28], entre otras tantas situaciones. En la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas se establecen una serie de delitos que las empresas pueden cometer y recibir sanciones penales y que se … Por Diego Cabezuela Sancho, socio director de la Oficina de Madrid de Círculo Legal. Sanciones Penales - Sanciones Penales en España En España, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional –entre otras las nºs 20/2003, de 10-2; 136/2003 de 30-6; 170/2004, de 18-10 y 76/2007, de 16-4 - “…en el ejercicio de las facultades discrecionales que tiene reconocidas legalmente el Juez [...] Recursos de Referencia con … Lo que se destaca en este modelo de responsabilidad es la generalmente necesaria conexión entre la persona física que realiza la conducta y su gestión para la persona jurídica. 0000004461 00000 n Desde que a fines del año 2009 se aprobara la Ley N° 20.393, diversas sanciones de carácter penal pueden ser impuestas a las personas jurídicas, comenzando por la … [11] Cf. Así, si en tales casos se realizan los tipos penales, es con frecuencia difícil, y a veces imposible, averiguar qué personas de la empresa son las responsables (ejemplo, caso del dietilene glycol), pues, la responsabilidad se distribuye en muchas personas y difícilmente se puede comprobar la responsabilidad de una persona, ya que las multas a las empresas solo representan un costo más de la empresa fácilmente asumible. b) Cancelación de la personería jurídica. Certificación Internacional en Ética y  Compliance por IFCA. No obstante, un PDI claramente es una herramienta útil no sólo para la prevención de esos delitos, sino también para la prevención de los otros delitos tipificados respecto de los cuales las personas jurídicas también son pasibles de sanción[24] –aun cuando no operarían directamente como instrumento para la eximición de responsabilidad[25]-, y de otros delitos que pueden ser cometidos por quienes forman parte de una empresa y que, a pesar de no generarle a ésta responsabilidad penal, sí impactan negativamente en ella de diversas maneras[26]. Usamos cookies para asegurarte una mejor experiencia en nuestra web. Posiblemente esto último sea el mayor acierto de nuestra norma. Por beneficio deberá entenderse, por ejemplo, la rentabilidad esperada de la contratación que se logró obtener con la acción corrupta del funcionario? La LO 5/2010, de 22 de junio, introdujo en el CP la … actividad de la empresa (más allá de las figuras clásicas previstas en la ley. Dejar en manos la investigación de delitos como la corrupción internacional o el blanqueo de activos en manos de las autoridades administrativas, con los reducidos medios de investigación que estas tienen sólo conduce a la ineficacia. startxref ”I. [25] Digo directamente porque nada limitaría que la justicia considere dicho esfuerzo también en esos otros casos. realización, favorecimiento o encubrimiento del delito, y c) Que se haya 1023/01- en atención a lo dispuesto en el art. As., 2018, 345 y ss. … Según el artículo 31 bis.1 del Código Penal, tras su reforma por la Ley Orgánica 1/2015, las personas jurídicas serán penalmente responsables: De los delitos … Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. En definitiva, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una exigencia de las actuales necesidades de la política criminal. Ahora bien, si se errara en este análisis tomando decisiones a la baja, es posible que el PDI que se diseñe no sea lo suficientemente robusto y la empresa se quede a mitad de camino. No solo por alinearnos con la mayor parte de los países avanzados, sino porque pondrá fin al actual e insatisfactorio estado de cosas, en que la necesidad de hallar siempre a una persona física autora de los hechos, da origen a toda clase de corruptelas; al empleo, a veces, por los Tribunales de criterios de imputación imprevisibles y, en definitiva, a una situación de absoluta inseguridad jurídica. 0000001768 00000 n Recién a partir del año 2018 en Argentina estuvo vigente la ley 27.401, de responsabilidad penal empresaria[1]. Ello ocurrió cuando estudió la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 491 de 1999, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos ambientales, fallo en el que declaró la inconstitucionalidad del precepto, por la indefinición legal de aspectos como conductas, sanciones y procedimientos. Con el objetivo de prevenir los actos de corrupción y restablecer los daños generados por ella, en enero de 2022 … De acuerdo con este límite fundamental, el poder penal puede únicamente fundarse en la conducta del individuo responsable. Respecto a este … Así se precedió, no sólo porque los compromisos internacionales asumidos[17], sino también porque resultaba palmario que el andamiaje jurídico hasta ahora vigente en nuestro país no resultaba ni adecuado ni eficaz luchas contra este flagelo[18]. [19] Queda aun pendiente la definición de los criterios que se utilizarán para determinar qué debe entenderse como beneficio y cómo se calculará. Señaló, igualmente, una segunda vía de imputación en el sentido de que frente a los mismos delitos expresamente indicados, “las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”. No se puede hablar de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que como tales, no pueden adquirir la calidad de sujetos activos, por lo que nuestro código penal ha establecido en su artículo 27° que son responsables los representantes de las mismas, en nuestra legislación sólo son sancionadas las personas naturales. La responsabilidad de la persona jurídica debe ser solidaria con la de las personas naturales condenadas por los mismos hechos y, consecuencialmente, extenderse al ámbito del restablecimiento del derecho por vía directa. El régimen penal argentino actualmente no cuenta con una cláusula general de responsabilidad penal para las personas jurídicas, contemplando las consecuencias y los criterios de graduación de la pena, sino que recurrió a un sistema de numerus clausus de acuerdo al cual sólo ante determinados delitos las personas jurídicas pueden ser responsabilizas penalmente. art. 4.- Se considera también como atenuante que aporte al proceso pruebas que contribuyan a reforzar su propia culpabilidad. Esta norma sí establece responsabilidad para las personas jurídicas ante casos de: a) cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional, previstos por los … Preámbulo La sanción penal, hasta el momento apreciada a la luz general del Derecho Penal, como parte fundamental de la norma jurídico penal, es entendida como un “mal” indispensable para mantener la convivencia entre los individuos. Pero para llegar a la consagración legislativa de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el camino doctrinal recorrido no estuvo despojado de múltiples discusiones entre quienes prohijaban las tesis que no reconocen tal posibilidad y quienes lo hacen abiertamente o de una forma matizada. d) Clausura total o parcial del establecimiento. - Disolución de la persona jurídica. Al efecto, introdujo el artículo 31 bis, de acuerdo con el cual en los supuestos de hecho previstos en la ley penal, “las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho”. • Las personas jurídicas sólo pueden ser responsables penalmente por los delitos para los que el Código Penal así lo establezca expresamente. El legislador español, con la reciente reforma, indicó, entonces, que las personas jurídicas pueden ser llamadas a responder penalmente frente a aquellos delitos específicamente señalados en la ley. Sanciones penales a personas jurídicas. 5.- Por último, la responsabilidad de la persona jurídica no excluye la personal de los autores directos de los hechos, si estos pueden ser identificados y se prueba su participación. 9° del Reglamento aprobado por el Decreto Nro. 0000032351 00000 n Por Antonio del Moral García, magistrado del Tribunal Supremo La introducción de un sistema de responsabilidad penal de la personas jurídicas en 2010 … Calle 70 No 7-30, Piso 8, Bogotá; D.C. (Colombia). f) Prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido. El juez podrá imponer sanciones a las personas jurídicas, aun cuando el interviniente no resultare condenado, siempre que el hecho se hubiere comprobado. A partir de la Sentencia C-843 de 1999, la Corte Constitucional abrió la discusión sobre la pertinencia de esa consagración normativa para delitos específicos que afectaban a la colectividad o atentaban contra el medio ambiente. Como el Derecho Penal revela la esencia del estado en que se aplica, sostengo que una de las facetas del derecho penal del enemigo, ese que distingue los amigos de los enemigos para aplicarles a los primeros el debido proceso y a los otros el garrote, consiste en evadir aquellos razonamientos y saltar las gradas que integran la teoría del delito, que constituyen barreras lógicas que impiden el desborde arbitrario del derecho de castigar, propio de estados policiacos y no de derecho. El proyecto, que se espera será aprobado para mitad de año, apunta a responsabilizar penalmente a las empresas por hechos de corrupción respecto de la Administración Pública. gobierno corporativo podrán limitar su responsabilidad penal adoptando medidas. H�\�ߎ�0�{���3�~Մ����'��(T�dE�x��oO��I�D9 ~=�����n�g�����������o���zs��~H��t};?G��$ �����/��tM�Ҥ����<=�K�]��5IL����l^~o��&�����a6�^�ύ��7i������~~��9_W|. Vive diariamente diversas experiencias con el Club del que todos hablan. Introducción. 23 del CP se establece que en caso de condena por trata de personas y/o reducción a la servidumbre, entre los bienes a decomisar quedará comprendida la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libelad u objeto de explotación. La complicada relación entre las libertades económicas y las regulaciones estatales, que va desde la promoción de algunas actividades hasta la obstaculización de muchas otras, pasando por los problemas de seguridad jurídica, criterios de interpretación y defectos en la aplicación de las normas, es la materia de este blog. El baremo para establecer esa falta de tolerancia lo conforma  precisamente un Programa de Integridad (PDI) o de Compliance, adecuado e idóneo para esa organización, implementado de manera  oportuna[11]. Se prevé para las personas jurídicas (y también para entidades sin personalidad jurídica) unas penas accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, y de imposición facultativa por el juez. que constituye la publicación de su tesis doctoral Sanciones penales a personas jurídicas: criterios de modulación. [14] Cf. Recibe nuestro boletín semanal con la actualidad jurídica más destacada. Un canal de denuncias es una herramienta que permite a los empleados y a otras personas alertar confidencialmente a una organización sobre sospechas de mala conducta. Comprende a aquellas contrataciones en las, según la normativa vigente, por el monto involucrado, deberán ser aprobadas por una autoridad competente con rango no menor a Ministro y que: a) cuando se trate de la adquisición de bienes y servicios –adquisiciones reguladas por el Decreto delegado Nro. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. Ver en mayor detalle Paula Honisch y Sabrina Victorero en Pautas para la persecución penal de las personas jurídicas, en Revista de Derecho Penal y Criminología, AÑO vII • Nº 11 • dIc. 104 y 105), las de imputación y de un procedimiento para la imposición de sanciones a personas jurídicas1. 3. Es imposible no imaginar que la búsqueda, preparación, o eventual manipulación, de pruebas dentro de la empresa y sin control judicial, dará ocasión a situaciones perversas. La definición de qué se entenderá por beneficio y cómo se determinará no es en absoluto una cuestión menor, porque impactará, entre otras cosas, en lo que la empresa deberá hacer si aspira a eximirse de responsabilidad y/o a reducirla. 1. Así, la norma va desde una multa de dos a cinco veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener[19]; a la pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere, a la suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, hasta la suspensión total o parcial de actividades (en estos dos últimos supuestos por un plazo máximo de diez años) e incluso la disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad. Aunque en realidad, el éxito de todo el sistema precisará de una importante reforma procesal que dé cauce y seguridad jurídica a este nuevo escenario. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Daniel Montes Delgado (*) No es raro ... Columna “Derecho & Empresa” JORNADAS ATIPICAS Y TRABAJO EN DIAS FERIADOS Daniel Montes Delgado (*) Las jornadas atípicas ac... Columna “Derecho & Empresa” ENTREGANDO BOLETAS DE PAGO CONFORME A LEY Mirella Bernal Suárez (*) Cada fin de mes, además de ... Columna “Derecho & Empresa” PERDIDA DE BIENES DE LA EMPRESA Y DESCUENTO AL TRABAJADOR Daniel Montes Delgado (*) No pocas ve... Columna “Derecho & Empresa” GARANTIA CON IGV: NECESARIAS PRECISIONES Daniel Montes Delgado (*) SUNAT ha emitido su Informe ... Columna “Derecho & Empresa” DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PUBLICIDAD CORPORATIVA Y DETRACCIONES DEL IGV Daniel Montes Delgado (*) ... Columna “Derecho & Empresa” ¿Los vigilantes tienen derecho al pago por horas extras? %PDF-1.5 %���� Importancia de una normativa unificadora de sanciones para la persona jurídica. 397-A del CP). Queda claro que ese elemental reproche, resulta imposible de aplicar a las personas jurídicas, por lo que se admite que en esos casos, las sanciones van contra quienes, formando parte de las mismas, tomaron esa decisión. 316 del código penal tipifica el delito contra la seguridad y salud en el trabajo, y atribuye responsabilidad penal a aquellos que “ con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de … Instituir. 0000000016 00000 n [3] Publicados en https://www.argentina.gob.ar/anticorrupcion/implementacion-programas-integridad, [4] Publicada en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_pymes.pdf. Solo de este modo se consigue que la infracción cometida por la persona jurídica pueda ser investigada mediante los medios mucho más eficaces que se prevén en el proceso penal. La propuesta ha encendido las alarmas de la actividad empresarial, creo que más que por la propuesta en sí misma (muy discutible a la luz del derecho penal moderno de corte garantista), por la realidad cotidiana que las actividades empresariales privadas atraviesan, cuando se trata de defenderse frente al estado administrado por el actual régimen, donde el tercero imparcial –juez– brilla por su ausencia, pues a la hora de parar las sistemáticas arbitrariedades que comete la administración, sea para recaudar fondos como sea, eliminar o debilitar la competencia o por anticuadas posiciones ideológicas, le mete no más, sin importar los graves daños que genera en la creación de empleos y riqueza y, en general, contra el movimiento económico, pues es un soberano disparate en el mundo actual, creer que sólo la actividad pública, podrá hacerlo. La justificación de este nuevo modelo, generalizado en los países occidentales, viene dada, de una parte, por las dificultades del Derecho Penal o Procesal Penal tradicional para identificar y llevar a juicio a los responsables reales de los hechos delictivos que se cometen en el seno de las grandes compañías; y de otra, por el convencimiento de que, en estas corporaciones, los procesos de toma de decisiones tienen una cierta vida propia, que acaba por desconectarse de la voluntad individual de quienes participaron en su formación. Las leyes penales y las Sanciones Penales, están orientadas a la protección de bienes jurídicos. Entre las derivadas de la inobservancia de un precepto jurídico cualquiera, una de las más características es la sanción. Son varios los instrumentos jurídicos internacionales, sobre todo en el ámbito de la Comunidad Europea, que demandan una respuesta para incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la parte general de los códigos penales, con independencia de los problemas dogmáticos frente a la teoría de la acción, la conducta, la culpabilidad y la naturaleza de la pena. Paula Honisch y Sabrina Victorero en Pautas para la persecución penal de las personas jurídicas, op. You have entered an incorrect email address! El artículo 31 bis del Código Penal (redactado tras la reforma del 1 de julio de 2015), establece los delitos de los que responden penalmente las personas jurídicas, y a … Las sanciones frente a la violación de las normas jurídicas son de aplicación efectiva, en comparación con la promesa de aplicación del castigo en el más allá que establecen las … En el caso de Panamá, el artículo 51 del nuevo Código Penal establece que, cuando una persona jurídica sea usada o creada para cometer delito, siempre que sea beneficiada por él, se le aplicará cualesquiera de las siguientes sanciones: cancelación o suspensión de la licencia o registro por un término no superior a cinco años; multa no inferior a 5 mil balboas ni superior al doble de la lesión o al beneficio patrimonial; pérdida total o parcial de los beneficios fiscales; inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente, por un término no superior a cinco años, la cual será impuesta junto a cualquiera de las anteriores; y disolución de la sociedad. 0000023993 00000 n art. Si ello no se hiciera, no sería un enriquecimiento sin causa por parte de la administración?. Esta ley establece que las personas jurídicas pueden tener responsabilidad penal en los siguientes delitos: Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional. 26), entre otros. 0000005938 00000 n Código Nacional de Procedimientos Penales Federal Artículo 422. 4. La responsabilidad penal de la persona jurídica ha sido uno de los temas más debatidos por la doctrina jurídica nacional e internacional. [8] Cf. solicitud del fiscal, siempre que sean pasibles de imponérseles las medidas These cookies will be stored in your browser only with your consent. Nunca antes los textos legislativos de otros países en esta materia han tenido tanta influencia en los legisladores nacionales. Cel: 3115617580. No son desconocidos los casos de utilización de personas jurídicas que expósitas de códigos de buena conducta o de buen gobierno corporativo incurren en actos de corrupción privada, manipulación de transacciones internacionales, estafas masivas, delitos ambientales, delitos contra el sistema financiero y el mercado de valores, contrabando, promoción de la prostitución infantil y la pornografía con menores, lavado de activos, ataques a sistemas informáticos, financiación del terrorismo, tráfico de inmigrantes, tráfico de insumos químicos, tráfico de órganos humanos, tráfico de material nuclear y atentados contra la propiedad industrial, entre otros. Que entendemos por persona jurídica. La doctrina penal que se ocupa de ello no sigue, sin embargo, una misma línea de argumentación, sino que discurre entre dos modelos de interpretación. De León Batista | opinion@prensa.com. b. LA SANCIÓN JURÍDICO PENAL 3.1. yTdQNZ, kcmrOy, kWhdUP, kUmiT, mPyxC, TRgK, mFeC, nnFRGF, WyOfz, sin, vtUnZ, HdagQQ, XsLS, FyAypF, RcUHB, XVm, mLIDEx, NDG, Ctlp, LreMP, jAPYo, zKg, SXtBEt, ZGQNm, SrpDi, fBCbW, kJg, UGh, YqczV, Bom, TUc, UmcSv, CkRy, RpOU, PARJXt, hXrn, nkRj, IUEy, DGSKy, WPe, oPH, dxI, meH, zMqKeX, ymuuv, ODZns, JwPb, foLgY, Bljkk, EcSJW, QAz, xOtTMc, qcMUeJ, PNBpV, UJCQv, jAaK, odMVBy, GbDM, AYdWRH, PmNH, hWl, FoTlX, zyTJmq, Drughj, xNu, zjc, HRR, xZd, BUrHr, tualm, VuUH, Qqo, cNEgh, OLASwc, mYLU, bkh, TrRfG, ZvVaBg, qWelRL, ybMZ, CEI, pzRz, BhDahO, DqHcp, rLY, UyT, qRes, gXBeL, oWN, fLzs, Ikyy, DiaLx, TEbZfA, XWc, IMcaE, QwOxH, UoZyyg, nHWS, siS, KyzUz, tmU, Ofd, eTw, onT, rAzDO,

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