103, p�rrs. Reiteradamente desde la sentencia de Reparaciones en el caso Aloeboetoe y otros versus Suriname (Cfr. Cesa su intervención al llegar a puerto, donde debe comunicar el procedimiento a la autoridad marítima si se trata de puerto argentino o a la autoridad consular o diplomática … 12. A su vez, se�al� que la causa que se segu�a en su contra se encontraba totalmente alterada y viciada, ya que el expediente de la causa conten�a testimonios ajenos a �sta, as� como informaci�n relativa a otros procesos. El da�o material supone la p�rdida o detrimento de los ingresos de la v�ctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de car�cter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso sub judice. EXPEDIENTE N° xxxxxxxxxxx. Al parecer, la declaraci�n del se�or Acosta Calder�n, si es que la hubo, se extravi� y se tom� dos a�os despu�s del auto cabeza de proceso de 15 de noviembre de 1989. La falta de información puede impedir que la Oficina le envíe las copias y puede incurrir en … De ah� mi decisi�n de hacer conocer a la Corte el presente Voto Razonado, en el cual me veo en la obligaci�n de dejar constancia de mi razonamiento, ciertamente distinto del de la Corte, sobre los puntos por ella eludidos. WebEl Secretario general de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Pacto a todos los Estados mencionados en el artículo 48. Fecha Sumario ; Lunes, 9 Enero, 2023: Descarga la gaceta. Nadie puede ser sometido a detenci�n o encarcelamiento arbitrarios. Caso Tibi, supra nota 6, p�rr. Sentencia de 21 de junio de 2002. 50.12), 20 de agosto de 1990 (supra p�rr. El escrito y la documentación agregada deben acompañarse con DOS (2) copias firmadas. No aparece del expediente que el se�or Acosta Calder�n realizara diligencias que retrasaran la causa. Cfr. Z_DEL SEGUNDO JUZGADO_PEN/ INVESTIGACK PREPARATORIA DE HUAURA: ALFREDO BENAVIDES CORBETTO, Fiscal Provincial (e) del Segundo Despacho de Investigacion de la Fiscalia Proviincial Penal Corporativa de Huaura, seftalando domicilio procesal en la Av Grau 276 - Huacho; ante usted me presento y expongo: Que, habiendo acopiado los elementos de … Sentencia de 7 de marzo de 2005. Tal y como se mencion� anteriormente (supra p�rr. El 10 de diciembre de 1991 la Fiscal�a de lo Penal de Sucumbios opin� que se deb�a proceder a la destrucci�n de la droga incautada. Por ello, en ejercicio de su responsabilidad de protecci�n de los derechos humanos, en dichas circunstancias la Corte determinar� en cada caso la necesidad de establecer los hechos, tal como fueron presentados por las partes o tomando en cuenta otros elementos del acervo probatorio. 47. Ello �deja abierta la posibilidad, y as� de hecho sucede, que las personas[,] como sujetos procesales[,] no siempre cuenten con recursos sencillos y r�pidos que protejan sus derechos y[,] de manera particular[,] que protejan el derecho a las garant�as judiciales y al debido proceso�. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparaci�n, en los t�rminos del p�rrafo 159 de la misma. 17). A pesar de que ni la Comisi�n ni los representantes se�alaron de manera expresa la violaci�n del art�culo 7.6 de la Convenci�n, ello no impide que sea aplicado por esta Corte, debido a que dicho precepto constituye uno de los fundamento de la protecci�n del derecho a la libertad personal por parte de un �rgano judicial y ser�a aplicable en virtud de un principio general de Derecho, iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jur�dicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente Alegatos de la Comisi�n 86. Cfr. El se�or Acosta Calder�n fue arrestado el 15 de noviembre de 1989 en el Ecuador por la polic�a militar de aduana bajo sospecha de tr�fico de drogas. 87; y Caso �Instituto de Reeducaci�n del Menor�, supra nota 59, p�rr. Ese mismo d�a tambi�n realiz� una declaraci�n ante el Fiscal de lo Penal de Sucumbios, en la cual declar� su inocencia. Cfr. Artículo 8.-Reuniones de fracción. 16. Sentenciado: F. V. V. Acuerdo: Se tiene al sentenciado desistiéndose de la solicitud de merito. De lo dispuesto en el art�culo 8.2 de la Convenci�n deriva la obligaci�n estatal de no restringir la libertad del detenido m�s all� de los l�mites estrictamente necesarios para asegurar que aqu�l no impedir� el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludir� la acci�n de la justicia. Por ello, no pod�a haberse aplicado tal [l]ey a [la presunta v�ctima] y menos a�n para restringir su derecho a la libertad personal [a trav�s de una] prisi�n preventiva [�] arbitraria�; y �la violaci�n de cualquiera de los derechos consagrados en el art[�culo] 7 [de la Convenci�n] necesariamente conducen a la violaci�n del derecho contemplado en el art[�culo] 7.1 [de la misma], pues en este se reconocen, de manera general, los derechos a la libertad y seguridad personal�. Sentencia 11 de marzo 2005. 119, p�rr. Opini�n Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. 25), no fue objetada (supra p�rr. 50.3). Esto demuestra que se trat� de inculpar al se�or Acosta Calder�n sin indicios suficientes para ello, presumi�ndose que era culpable e infringiendo el principio de presunci�n de inocencia. Por lo tanto, el Tribunal considera que el se�or Acosta Calder�n no fue notificado de la acusaci�n formulada en su contra, ya que en el auto cabeza del proceso de 15 de noviembre de 1989, dictado por el Tribunal de Lago Agrio, no se especific� la ley supuestamente violada, sino que solamente se limit� a se�alar la base f�ctica del arresto. Para la fijaci�n de tal indemnizaci�n, se considera [�] que se tomen los valores que fueron ya fijados por la Corte en el caso Su�rez Rosero. 46. 5. 1 Páginas • 3838 Visualizaciones. Seg�n la norma interna, era necesaria �una comprobaci�n conforme a derecho� de la existencia de la infracci�n. El 25 de abril de 2005 el Estado solicit� que las comunicaciones referentes al caso Acosta Calder�n fueran enviadas al agente principal, Ministro Julio Prado Espinosa, al agente alterno, doctor Erick Roberts, y al agente de facilitaci�n, doctor Juan Leoro Almeida, Embajador del Ecuador en Costa Rica. Cfr. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Este concepto figura en m�ltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. En relaci�n con el art�culo 5 de la Convenci�n los representantes alegaron que: el Estado viol� el derecho a la integridad personal del se�or Acosta Calder�n reconocido en el art�culo 5.1 y 5.2 de la Convenci�n; �[s]i bien no existe prueba de que el se�or [�] Acosta Calder�n haya sido torturado, s� se considera que su integridad ps�quica y moral no fue respetada. El referido art�culo 114 bis, in fine, del C�digo Penal ecuatoriano, aplicado en el presente caso, viol� el art�culo 2 de la Convenci�n Americana precisamente por ser discriminatorio; viol�, asimismo, por consiguiente, tambi�n el art�culo 24 de la Convenci�n Americana. WebRequisitos para solicitar COPIAS CERTIFICADAS: Solicitarlas por escrito. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que �ste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detenci�n y ordene su libertad si el arresto o la detenci�n fueron ilegales. escrito de defensa de 27 de marzo de 1992 presentado por el se�or Acosta Calder�n al Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 156). La presunta v�ctima permaneci� detenido en custodia de la polic�a militar aduanera en el �IX Distrito �Amazonas��, en la localidad de San Miguel, hasta que el 21 de diciembre de 1989 el Juez de lo Penal de Lago Agrio solicit� su traslado al Centro de Rehabilitaci�n Social de Tena. 244) en su jurisprudencia constante la Corte ha afirmado que es propio de la naturaleza humana que una persona sometida a agresiones y vej�menes experimente un da�o moral y que no se requieran pruebas para llegar a esta conclusi�n. 50.29). En este �ltimo caso, el Agente inmediatamente pondr� al detenido a �rdenes del Juez, junto con el parte respectivo. De esta manera, al producirse un hecho il�cito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de �ste por la violaci�n de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparaci�n y de hacer cesar las consecuencias de la violaci�n. memorandum de 12 de enero de 1990 formulado por la Direcci�n Provincial de Salud de Napo (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 117). Adem�s, �los resultados que se obtengan del informe final que emita tal Comisi�n, [deber�n ser] puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que se inicien los procesos penales para obtener el juzgamiento y sanci�n de los responsables. El 10 de febrero de 2005 el Estado inform� que se encontraba �en di�logos [con los representantes] tendientes a lograr un arreglo amistoso�, por lo que consider� que era �posible prescindir de la realizaci�n de la audiencia p�blica� en el presente caso. Cfr. Alegatos de la Comisi�n 151. Los recursos podr�n interponerse por s� o por otra persona. 126. PROTESTO LO NECESARIO. El 27 de julio de 1990 el se�or Acosta Calder�n solicit� que se revocara su orden de detenci�n y que se le trasladara a la ciudad de Tena. 57; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. El Estado viol�, en perjuicio del se�or Rigoberto Acosta Calder�n, el Derecho a las Garant�as Judiciales consagrado en el art�culo 8.1, 8.2, 8.2.b, 8.2.d y 8.2.e de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, en relaci�n con el art�culo 1.1. de la misma, en los t�rminos de los p�rrafos 107, 108, 114, 115, 119, 120 y 124 a 127 de la presente Sentencia. VI Prueba 39. Sin esta garant�a, se ver�a conculcado el derecho de aqu�l a preparar debidamente su defensa. La normativa interna dispone que el sumario, que es la primera etapa del proceso penal, no puede durar m�s de sesenta d�as, y que la etapa intermedia no puede superar los veinti�n d�as. Serie C No. 121, p�rr. Caso Tibi, supra nota 6, p�rr. Tanto en la realidad, como en ciertos cuerpos legales, el derecho a la igualdad no ha sido debidamente respetado. Cfr. WebQue por medio del presente ocurso y de conformidad con el articulo 1067 del Código de Comercio vigente, vengo a solicitar se me expidan copias certificadas de las siguientes constancias: 1. Para solicitar y obtener una copia simple o certificada de un registro por correo, rellene el formulario de solicitud de copia de registro correspondiente que aparece a continuación. Cfr. 63.1 Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos). Este ser� posiblemente un tema recurrente en futuros casos que se sometan a consideraci�n de la Corte, debido a las condiciones carcelarias en la regi�n, hecho p�blico y notorio, lo mismo que las muchas violaciones a la libertad personal que se denuncian en Am�rica Latina. 92. 133. Adem�s, la prueba por la naturaleza de la misma de las infracciones era obligatoria e insustituible, de tal manera que en ausencia de la misma, no pod�a determinarse la condici�n de la sustancia por ning�n otro medio. El art�culo 173 del citado cuerpo legal establec�a que: [l]a detenci�n de que trata el art�culo [172] no podr� exceder de cuarenta y ocho horas, y dentro de este t�rmino, de encontrarse que el detenido no ha intervenido en el delito que se investiga, inmediatamente se lo pondr� en libertad. Serie C No. El 12 de enero de 1990 la Tesorer�a de la Direcci�n Provincial de Salud de Napo recibi� del Secretario del Juzgado de lo Penal de Lago Agrio �1.175,6 g[ramos]� de pasta de coca�na supuestamente relacionada al proceso No. Consideraciones de la Corte a) Respecto al principio de plazo razonable del proceso penal seguido contra el se�or Acosta Calder�n 103. MACARIO DE JESUS HERNANDEZ AGUNDI en nombre y representación del quejoso al rubro ya mencionado y señalando como domicilio para el efecto de oír y … Sentencia de 7 de septiembre de 2004. La Constituci�n Pol�tica del Ecuador vigente al momento en que sucedieron los hechos establec�a que �toda persona enjuiciada por una infracci�n penal tendr� derecho a contar con un defensor� (art�culo 19.17.e). Serie C No. La Comisi�n aleg� que no considera que �la incapacidad de los peticionarios de ubicar a la alegada v�ctima en Colombia [�] sea un problema insuperable [ya que] con los esfuerzos constantes de los grupos de la Iglesia colombiana, es muy posible que eventualmente se d� con el paradero del [se�or] Acosta [Calder�n]�. Tambi�n aqu� se hace presente el derecho individual a la informaci�n sobre la asistencia consular en el marco de los derechos humanos, para asistir debidamente a los privados de su libertad (p�rr. No obstante, mientras esta norma estuvo en vigencia, supuso la violaci�n de la presunci�n de inocencia de muchas personas procesadas por los delitos relacionados con el tr�fico y tenencia de estupefacientes y psicotr�picos. Sin embargo, en el presente caso, la Corte no cuenta con elementos probatorios suficientes para pronunciarse sobre la violaci�n del art�culo 5 de la Convenci�n�. 50.2) de quienes practicaron el arresto. Supervisar� el cumplimiento �ntegro de esta Sentencia, y dar� por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. 283. Asimismo, la Corte advierte que el Estado tuvo la oportunidad de presentar alegatos en etapas posteriores del procedimiento ante la Corte de conformidad con los requerimientos hechos por el Tribunal al momento de consultarle sobre la posible realizaci�n de una audiencia p�blica (supra p�rr. Dicho informe, si fuera el caso, comprobar�a la existencia de cualquier estupefaciente e incluir�a una muestra de la droga destruida; el se�or Acosta Calder�n �fue oficialmente citado con el autocabeza de proceso el 18 de octubre de 1991, es decir[,] cerca de dos a�os despu�s de haber sido detenido. [t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad f�sica, ps�quica y moral. El C�digo de Procedimiento Penal, publicado en el Registro Oficial No. En raz�n de que no han sido controvertidos por las partes, el Tribunal incorpora al acervo probatorio la documentaci�n remitida por el Estado como prueba para mejor resolver, en aplicaci�n de lo dispuesto en el art�culo 45.2 del Reglamento. Serie C No. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, adem�s de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, as� como establecer el pago de una indemnizaci�n como compensaci�n por los da�os ocasionados. 145-B, pars. 168 y 169; y Caso Tibi. LAS FRACCIONES PARLAMENTARIAS. Su mandato ser� obedecido sin observaci�n, ni excusa por los encargados del centro de rehabilitaci�n social o lugar de detenci�n. El 1 de julio de 1993 la defensa del señor Acosta Calderón presentó un escrito al Juez de lo Penal de Lago Agrio, mediante el cual reiteró que seguía encarcelado, a pesar de no existir en su causa evidencias de droga alguna, debido a la negligencia de uno de los secretarios anteriores del Juzgado de lo Penal de Lago Agrio. 50.27. escrito de solicitud de copias de carpeta de investigacion a agente del ministerio publico de la federacion. 3. Lo anterior constituye una violaci�n de los art�culos 8.2.b), c), d) y e) de la Convenci�n; y el se�or Acosta Calder�n no fue informado de su derecho a ser asistido por funcionarios consulares de su pa�s de origen o nacionalidad. La Comisi�n fue notificada por las partes que el Estado estaba interesado en una soluci�n amistosa del caso y que una organizaci�n religiosa, la Pastoral Social de la Iglesia colombiana, estaba intentando localizar al se�or Acosta Calder�n. 93, ECHR 1998-II. La razonabilidad del plazo al que se refiere ese precepto se debe apreciar en relaci�n con la duraci�n total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse. Cfr. 38. Reparaciones (art. 105. Dentro del plazo de un a�o a partir de la notificaci�n de esta Sentencia, el Estado deber� rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento, en los t�rminos del p�rrafo 174 de la presente Sentencia. Bajo esta perspectiva, se ha se�alado que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado art�culo 25.1 de la Convenci�n no basta con que los recursos existan formalmente, sino es preciso que sean efectivos, es decir, se debe brindar a la persona la posibilidad real de interponer un recurso sencillo y r�pido que permita alcanzar, en su caso, la protecci�n judicial requerida. Caso Huilca Tecse, supra nota 88, p�rr. Como se desprende de la pr�ctica de la Comisi�n Europea para la Prevenci�n de la Tortura y Trato o Sanci�n Inhumana o Degradante (bajo la Convenci�n Europea de 1987 para la Prevenci�n de la Tortura). 117; Caso Juan Humberto S�nchez. en aptitud de formular mis conclusiones de inculpabilidad a favor de mi defendido. 37; y Caso Lori Berenson Mej�a, supra nota 2, p�rr 77. El 1 de diciembre de 1994 el Tribunal Penal de Napo fij� el d�a 7 de diciembre de 1994 como fecha para la audiencia de juzgamiento del se�or Acosta Calder�n. Seg�n lo establecido por este Tribunal, los representantes pueden alegar violaciones de derechos distintos a los ya comprendidos en la demanda presentada por la Comisi�n. Por lo anteriormente expuesto, esta Corte considera que el Estado viol� el derecho del se�or Acosta Calder�n a no ser sometido a detenci�n o encarcelamientos arbitrarios, reconocido en el art�culo 7.3 de la Convenci�n Americana, en conexi�n con el art�culo 1.1 de la misma. Opini�n Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. 171. El Juez Gonzalo Serrano Vega, en un voto salvado, se�al� que no se hab�a comprobado la existencia de la infracci�n ni exist�an presunciones que establecieran la responsabilidad del se�or Acosta Calder�n. Cf. WebEsta inhabilidad sólo durará el tiempo requerido para la prescripción de la pena, señalado en el artículo 105 del Código Penal. La Corte hace notar, adem�s, que, a su juicio, esa norma per se viola el art�culo 2 de la Convenci�n Americana, independientemente de que haya sido aplicada en el presente caso. El Principio d�cimo s�ptimo del Conjunto de Principios para la Protecci�n de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detenci�n o Prisi�n de las Naciones Unidas, afirma que: 1. 122; Caso Huilca Tecse, supra nota 88, p�rr. As�mismo, solicit� que se cerrara el sumario, el cual ya llevaba a�os sin que se sustanciara la causa, y que se revocara la orden de detenci�n. 2. 115; Caso Maritza Urrutia, supra nota 57, p�rr. Esto es esencial para la protecci�n del derecho a la libertad personal y para otorgar protecci�n a otros derechos, como la vida y la integridad personal. Cfr. El 20 de agosto de 1990 el Juez de lo Penal de Lago Agrio orden� que se diera cumplimiento a lo ordenado en su providencia de 18 de mayo de 1990 (supra p�rr. ��ࡱ� > �� ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #` �� �� bjbjm�m� Se entregarán dos días hábiles después de exhibir las copias simples. 50.26. 193. 50.11. Artículo 15 . WebSistema de consulta de Tesis, Precedentes (Sentencias) y otros documentos publicados semanalmente del Semanario Judicial de la Federación. de todo lo actuado dentro del presente proceso; las mencionadas copias las solicito para estar. En la actual etapa de la evoluci�n del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminaci�n ha ingresado en el dominio del jus cogens" (p�rr. Cfr. 25 y 30). El 13 de agosto de 1993 el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotr�picas (en adelante �CONSEP�) inform� al Juez Penal de Lago Agrio que en la Jefatura Zonal del CONSEP en el Nororiente no se encontraba la droga incautada al se�or Acosta Calder�n. 67 y 68). 23 de Septiembre del 2013. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. 50.28. Como la Corte ha sostenido en su Opini�n Consultiva No. auto de excarcelaci�n de 29 de julio de 1996 emitido por el Tribunal Penal de Napo en Tena (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 241); y oficio de 18 de julio de 1996 dirigido por la Direcci�n Nacional de Rehabilitaci�n Social al Director del Centro de Rehabilitaci�n Social de Ambato (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 225). �192-89�. A pesar de la desestimaci�n de los cargos en su contra, el se�or Acosta Calder�n continu� privado de su libertad. Reparaciones (art. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. 91. 2. Serie C No. El H�beas Corpus Bajo Suspensi�n de Garant�as. El se�or Acosta Calder�n tampoco cont� con la presencia de un abogado defensor al momento de realizar el interrogatorio inicial ante la polic�a, ni se le asign� uno. Cfr. El art�culo 5 de la Convenci�n determina que: 1. El argumento de la Comisi�n de que la prisi�n preventiva del se�or Acosta Calder�n viol� el principio de la presunci�n de inocencia (supra p�rr. Sin embargo, no es una obligaci�n del Tribunal hacerlo en todos los casos en los cuales se presenta una situaci�n similar. Con ello, se impon�a el deber al procesado de demostrar su inocencia. 136. 125. 22. Cfr. As�mismo, orden� que la Secretaria del Juzgado se comunicara con el anterior Secretario del Juzgado para que este �ltimo respondiera por dicha evidencia. Cfr. REGRESA AL INICIO. 96; y Caso Maritza Urrutia, supra nota 57, p�rr. Que, por medio del presente escrito, vengo a solicitar se me expidan copias certificadas de todo lo actuado dentro de la presente Carpeta de Investigación, por serme necesarios para presentarlos ante el Juez de lo Civil de Tecamachalco, Puebla, dentro del expediente 890/2018 del índice del propio Juzgado. 9. En este caso, este presupuesto no se cumpli� porque los recursos interpuestos por la presunta v�ctima, inter alia, el 8 de octubre de 1991, 18 de octubre de 1991, 24 de enero de 1992, 27 de marzo de 1992 y 1 de julio de 1993 (supra p�rrs. 50.7, 50.8, 50.11, 50.12, 50.15, 50.17, 50.19, 50.23, 50.36, 50.38 y 50.40) que en el presente caso no se emiti� un informe pericial de la supuesta pasta de coca�na decomisada al se�or Acosta Calder�n, para cumplir con el requerimiento de la legislaci�n interna de justificar �procesalmente la existencia del cuerpo del delito�, tal y como lo establec�a el art�culo 10 de la Ley de Control y Fiscalizaci�n del Tr�fico de Estupefacientes y Sustancias Psicotr�picas. La hermen�utica que he sostenido en el seno de esta Corte, y que sigo y seguir� sosteniendo firmemente, - a pesar de los lapsos en que �sta ha incurrido recientemente, - es, a mi juicio, la que mejor puede conllevar a la realizaci�n de una protecci�n integral de los derechos inherentes a la persona humana. Reparar plenamente al se�or Rigoberto Acosta Calder�n, lo que inclu[ir�a] borrar los antecedentes penales y otorgarle la correspondiente indemnizaci�n. De acuerdo con lo expuesto en los cap�tulos anteriores, la Corte ha encontrado que, con ocasi�n de los hechos de este caso, el Estado viol� los art�culos 7 (derecho a la libertad personal), 8 (garant�as judiciales) y 25 (protecci�n judicial) de la Convenci�n Americana, todos ellos en conexi�n con el art�culo 1.1 del mismo tratado, as� como incumpli� con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno seg�n lo dispuesto en el art�culo 2 de la Convenci�n Americana, en perjuicio del se�or Acosta Calder�n, en los t�rminos de los p�rrafos 70, 71, 81 a 84, 99, 100, 107, 108, 114, 115, 119, 120, 124 a 126, 135 y 138 de la presente Sentencia. La Corte es competente para conocer del presente caso. Esperar autorización por decreto (para verificar personalidad).

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